Más allá de los argumentos de cada una de las partes, el conflicto entre el gobierno porteño y los Metrodelegados se convirtió en el escenario de una tormenta perfecta. Y la solución se dificulta porque todos tienen para ganar y perder mucho más que lo que se ve sobre la superficie.
En la administración de Jorge Macri están dispuestos a ir a fondo contra las "medidas salvajes" del sindicato que lidera Néstor Segovia, decisión que le pone fin a la actitud tolerante y negociadora que mantuvo la gestión de Horacio Rodríguez Larreta hacia el gremialismo.
El lema "ley y orden" que enarbola el jefe de Gobierno dejó de ser la clásica consigna retórica de muchos funcionarios y dirigentes políticos y se convirtió en el eje de una identidad reforzada para el macrismo porteño, que le reditúa una fuerte alza en encuestas de imagen y, como espera, un camino más firme hacia su reelección.
La palabra "ceder" no figura hoy en el diccionario del PRO de la Ciudad porque equivaldría a dejar malherida una postura de intransigencia que podría implicar un envalentonamiento de los sindicatos que le complicaría la gestión a Jorge Macri y, además, hacerle perder los votos más alineados con Javier Milei en su distrito.
La misma postura severa tomó el gobierno porteño ante el Sindicato de Camioneros por su reclamo de indemnizaciones para el personal de recolección de residuos en los contratos que regirán entre 2028 y 2038. Jorge Macri decidió no incluir esa demanda en la renovación del servicio, algo que rompe una tradición que afianzó su primo Mauricio y mantuvo Rodríguez Larreta.
Se trata de la llamada "Ley Moyano", esa norma no escrita por la cual Camioneros viene logrando desde 1998 que cada vez que una empresa gana una concesión de servicios o cambia de accionistas, despida al personal, lo indemnice y lo vuelva a contratar.
Esa "ley", en realidad, no tiene ningún basamento jurídico sino sólo un fundamento basado en el poder de fuego del sindicato liderado por los Moyano.
Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, lideró hace dos semanas una movilización de los trabajadores de recolección de residuos ante la Comuna I y amenazó: "Vamos a hacer la cantidad de marchas, asambleas y paros que tengamos que hacer, pero a la indemnización la vamos a defender con nuestra vida".
Como anticipó Infobae, sin embargo, el gobierno porteño está dispuesto a llevar hasta sus últimas consecuencias la determinación de no pagar las indemnizaciones en el próximo contrato de recolección de residuos, que representan unos 200 millones de dólares, porque las considera un privilegio sin base legal alguna frente a los derechos del resto de los trabajadores.
Esa misma posición inflexible es la que Jorge Macri sostendrá a rajatabla ante los Metrodelegados. Esta mañana, respaldó las detenciones de trabajadores del subte y afirmó que "el que bloquea un servicio esencial va preso", luego de la interrupción total de las seis líneas y el Premetro registrada este martes por la mañana.
El jefe de Gobierno, que difundió el mensaje desde España, donde se encuentra en el marco de una visita oficial, agregó: "En mi gestión las cosas por su nombre: lo que la Justicia ordena se cumple. No vamos a aceptar extorsiones mafiosas".
En el caso de los Metrodelegados, este conflicto también se transformó en un test decisivo. No sólo porque detuvieron a su actual titular y al referente más fuerte de la izquierda sino porque, además, se trata de Néstor Segovia y Claudio Dellecarbonara, quienes competirán el 26 de noviembre próximo en las elecciones para renovar autoridades en esa organización gremial.
Serán comicios de resultado difícil de predecir porque, como anticipó Infobae, la interna de los subtes se atomizó: el oficialismo, aun en shock por el fallecimiento de Beto Pianelli, líder del sindicato, en diciembre pasado, se presentará en dos listas, una encabezada por Segovia y otra por Virginia Bouvet, candidata del pianellismo. Se enfrentarán a una nómina conducida por Dellecarbonara, delegado de la Línea B y dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), que se alió a agrupaciones combativas, sin el Partido Obrero (PO).
Por eso hay quienes interpretan que, más allá del reclamo por los "descuentos ilegítimos de salarios" por parte de la empresa Emova, el sindicato sobreactuó la protesta porque sus principales referentes están en campaña para unos comicios gremiales que son impredecibles.
La "postal" de Segovia y Dellecarbonara detenidos por la Policía de la Ciudad es políticamente beneficiosa entre los trabajadores de los subtes, donde hay una clásica identificación con las posturas más combativas.
Para el gobierno porteño y la administración de Javier Milei, además, hay otro componente crucial de este conflicto. Pone a prueba la aplicación de la reglamentación del derecho de huelga, contenida en la Ley de Modernización Laboral, porque prevé la obligación de mantener un 50% de servicios mínimos en caso de paros, que es lo que sucede ahora en los subtes.
Y, por otro, deja al desnudo la complejidad del cuadro sindical de la actividad: las autoridades de la Ciudad intimaron a los Metrodelegados a cumplir aquella norma, pero no pueden declarar la conciliación obligatoria en el conflicto y así normalizar el servicio mientras negocian una solución. Es que la personería gremial de los trabajadores del subte no la tienen los Metrodelegados sino la Unión Tranviarios Automotor (UTA), con menos afiliados en el sector, pero con "poder de lapicera".
¿Cómo terminará este conflicto? ¿Terminará realmente o apenas comienza? La CGT ya se solidarizó con los Metrodelegados y lo mismo hará la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que analizó medidas de fuerza contra las detenciones y la "criminalización de la protesta". Por ahora, como siempre, los que siguen perdiendo son los usuarios de los subtes.
