El oficialismo no llegó a incluir en la última sesión de la Cámara de Diputados el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca, entre otros puntos, defender los recursos naturales en las Islas Malvinas. Pero los libertarios ven difícil alcanzar los consenso necesarios con los aliados para cerrar un texto la semana que viene y la agenda internacional complica las posibilidades de convocar a una sesión durante las dos semanas siguientes.
"Tenemos tiempo, no estamos apurados", explicó una de las principales referentes del bloque La Libertad Avanza a Infobae, aunque reconoció que las prioridades pasan por otro lado. "Lo más importante es el Presupuesto y se nos puede llegar a complicar el cronograma si desde el Senado llega la Reforma Política (suspención de las PASO)", señaló.
Sucede que si no se logra un acuerdo contrarreloj el martes de la semana que viene, que permita sesionar el mismo miércoles 28, las dos semanas siguientes están prácticamente descartadas. Los libertarios reconocen que este escenario es muy improbable porque durante las últimas semanas no se avanzó demasiado respecto a los cambios que reclama la oposición. Además, tanto el martes y miércoles habrá reuniones de comisión para tratar el Presupuesto 2027. De hecho, el objetivo es llevar la "ley de leyes" al recinto el 18 de noviembre.
La semana siguiente no se podrá sesionar, por lo menos no en los días habituales (martes o miércoles) ya que el martes 3 se llevarán adelante las elecciones legislativas en Estados Unidos, en las que Donald Trump podría perder el control del Congreso (actualmente tiene mayoría en ambas cámaras). Varios diputados de La Libertad Avanza viajarán para monitorear los comicios y el oficialismo no puede darse el lujo de tener bajas en el recinto.
Luego el país estará convulsionado por la visita del Papa León XIV, entre el 8 y el 11 de noviembre. El Gobierno dispuso feriado nacional para el lunes 9 de noviembre, feriado para CABA y Córdoba el martes 10 y feriado para la provincia de Buenos Aires el miércoles 11. Razón por la cual resultaría virtualmente imposible garantizar la presencia de todos los diputados por las dificultades lógicas que habrá para viajar desde las provincias.
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional enviado al Congreso por la Casa Rosada agrava las sanciones por explotación no autorizada de recursos naturales en el Atlántico Sur pero ya no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que incluye toda explotación de recursos renovables o no renovables. También incluye sanciones para empresas, socios y proveedores: prevé multas y suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina. Además, incorpora la responsabilidad de proveedores que conozcan que asisten a actividades prohibidas y amplía las restricciones para contratar con empresas o personas inhabilitadas.
Por otro lado, crea el Consejo de Seguridad Nacional, integrado de forma permanente por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica.
En ese marco, estipula nuevas infracciones y sanciones por amenazas a la seguridad nacional y considera infracción, entre otras conductas, afectar la integridad territorial, interferir de forma clandestina, engañosa o coercitiva en decisiones de autoridades argentinas, atacar infraestructura crítica o financiar esas acciones.
El primer cambio aceptado por el oficialismo sería la eliminación del artículo 111, que establece penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales mediante campañas coordinadas de desinformación o promuevan actos de violencia o sabotaje contra el Estado o la población argentina. Tanto el PRO, como la UCR y organizaciones civiles interpretaron que su redacción era demasiado amplia y podría utilizarse para coartar la libertad de expresión o perseguir a la oposición.
Por otro lado, fuentes libertarias al tanto de las negociaciones también reconocieron que se modificarán los artículos que habilitan al Estado a auditar, custodiar o intervenir "infraestructuras críticas", como redes estratégicas de energía, minería y telecomunicaciones. Según trascendió, las empresas de Estados Unidos también pidieron mayores garantías para evitar futuras sanciones si operan en las islas o como proveedoras.
De hecho, el vicesecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, admitió ayer que Estados Unidos sigue "con interés" los alcances de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
"Las leyes de la nación argentina son cuestión para las autoridades de la nación argentina", dijo. Pero agregó: "Nosotros estamos, obviamente, viendo con interés los intereses de nuestras empresas. Es natural que cualquier país se preocupa por eso".
En tanto, el canciller Pablo Quirno aseguró: "Esta ley no va en contra de nadie en particular, no va en contra de ninguna empresa en particular". Y planteó que la norma ofrece a las compañías una elección de negocios: operar en el continente argentino, donde el potencial es "muchísimo mayor", o mantener operaciones "ilegítimas" en las islas.
Otros pedidos de los aliados incluyen la incorporación del Ministerio de Seguridad Nacional como miembro permanente del Consejo de Seguridad y en el Sistema de Seguridad Nacional, "para que cada organismo tenga su rol claro y no haya superposiciones entre Fuerzas Armadas, seguridad interior y Consejo"; una clarificación de las competencias de las Fuerzas Armadas, la Policía y las Fuerzas de Seguridad Federal en la protección de las "infraestructuras críticas"; y aclaraciones sobre cuál será la autoridad de aplicación, que en el texto queda sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
